El gobierno de izquierda de España aprobó una “licencia climática remunerada” de hasta cuatro días para permitir a los trabajadores evitar viajar durante emergencias climáticas, un mes después de que las inundaciones mataran al menos a 224 personas.
Varias empresas fueron criticadas tras la catástrofe del 29 de octubre por ordenar a sus empleados que siguieran trabajando a pesar de una alerta roja emitida por la agencia meteorológica nacional. Las empresas dijeron que las autoridades no les informaron lo suficiente y enviaron alertas telefónicas demasiado tarde durante las inundaciones más mortíferas del país europeo en décadas.
La nueva medida pretende «regular de acuerdo con la emergencia climática» para que «ningún trabajador corra riesgos», dijo la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a la cadena pública RTVE.
Si las autoridades de emergencia dan la alarma sobre un riesgo, “el trabajador debe abstenerse de acudir a trabajar”, dijo Díaz. Los empleados pueden recurrir a una jornada laboral reducida más allá del período de cuatro días, un mecanismo que ya existe para emergencias, dijo el gobierno.
La legislación se inspiró en leyes similares de Canadá, informó RTVE. “Frente al negacionismo climático de la derecha, el gobierno español está comprometido con políticas verdes”, dijo Díaz, según un informe de El País.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, advirtió que el coste de los fenómenos meteorológicos extremos podría duplicarse de aquí a 2050, mientras el gobierno confirmaba 2.300 millones de euros de nueva ayuda para las víctimas de las inundaciones.
Las precipitaciones extremas son más comunes y más intensas debido al deterioro climático causado por el hombre en la mayor parte del mundo, particularmente en Europa, la mayor parte de Asia, el centro y este de América del Norte y partes de América del Sur, África y Australia. Esto se debe a que el aire más cálido puede contener más vapor de agua. Como resultado, lo más probable es que las inundaciones se hayan vuelto más frecuentes y graves en estos lugares, pero también se ven afectadas por factores humanos, como la existencia de defensas contra inundaciones y el uso de la tierra.
Todas menos ocho de las muertes por inundaciones ocurrieron en Valencia, donde el presidente regional conservador Carlos Mazón admitió que se cometieron errores pero rechazó los llamados a dimitir, alegando que la escala sin precedentes y “apocalíptica” del desastre simplemente abrumó al sistema.
Lluvias torrenciales volvieron a azotar partes de España dos semanas después de las inundaciones, obligando a 3.000 personas a evacuar sus hogares en Málaga.
Con la Agencia France-Presse
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